Este nuevo baremo, que prioriza los casos mas graves, es el sustituto del que estaba en vigor desde 1999. 

El Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, regulará desde el próximo 20 de abril de 2023, el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad para tener derecho a la cuantía específica de la asignación económica por hijo a cargo y al incremento de la cuantía de la pensión de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. 

En él se establecen unos criterios para valorar y calificar el grado de discapacidad en todo el territorio español. Con ello, se garantiza el acceso igualitario de condiciones para toda la ciudadanía y proporciona una base científica para poder comprender y estudiar la salud del paciente, además de los componentes sociales y económicos que tengan impacto en la persona. De esta manera se garantiza una descripción mucho más precisa y completa del grado de discapacidad en el que se encuentra, con una mayor eficiencia y transparencia, de manera mucho más precisa y objetiva. 

En el caso de las víctimas en zonas de guerra, o por causas de salud y esperanza de vida, es decir, cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social como son las personas con enfermedades degenerativas, se establece un trámite de urgencia. En él también se incluyen a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última macroencuesta de violencia contra la mujer, la discapacidad ocasionada por este tipo de actos es del 17,5%.

No se discriminarán tampoco a los menores con discapacidad, por motivos de edad o dependiendo de su discapacidad. Recibirán el apoyo y la asistencia adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser escuchados e informados de su situación.

Como novedad, su tramitación de podrá llevar a cabo mediante procesos telemático, asegurando así una mayor accesibilidad. De la misma manera, la persona podrá ir acompañada de otra persona de confianza, poniendo así de manifiesto la seguridad y la autonomía de las personas con grandes necesidades de apoyo o con discapacidades severas. 

A partir de ahora, este baremo va a permitir realizar una calificación y valoración de las realidades que causan la discapacidad, como pueden ser el autismo o las discapacidades psicosociales, mucho más certera. Además dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud. Además, se debe destacar que representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.

Un equipo multidisciplinar, los cuales habrán realizado de manera previa una evaluación y calificación del grado de discapacidad, será el encargado de emitir los dictámenes para el reconocimiento de la discapacidad.

Desde que se presenta la solicitud, la Administración, tiene un plazo de seis meses para dictar la resolución expresa en la que constará el reconocimiento de la discapacidad, la puntuación de la misma y la fecha en la que se hará la revisión del grado. 

Tarjeta acreditativa

Una vez se haya reconocido la discapacidad, la Administración será la encargada de emitir la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad en la que deberán constar los siguientes datos:

• Datos identificativos.
• Grado de discapacidad.
• Periodo de vigencia.
• Dificultades de movilidad, en su caso.
• Necesidad de tercera persona, en su caso.
• Medidas de seguridad y confidencialidad.

La revisión del grado se realizará en la fecha que se establece en la resolución emitida o también cuando haya habido una modificación de las circunstancias que llevaron a su reconocimiento. La resolución y el reconocimiento pueden ser objeto de reclamación. 

Desde la administración, ya se está programando una formación especializada en las nuevas herramientas a todo personal valorado. Esto se va a traducir en garantía de equidad en su aplicación. 

Con la aprobación y entrada en vigor de este Real Decreto – 20 de abril de 2023-, quedan derogados el RD 1971/1999, 23 dic., de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado.

Con este nuevo procedimiento, se pretende adaptar el estilo, al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y se da respuesta a una demanda de las personas con discapacidad que llevaba bloqueada 10 años.

En VALANZA nos actualizamos a diario, por lo que si necesitas asesoramiento, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de expertos. Estaremos encantados de ayudarte.

Teléfono: +34 91 323 60 09

Correo electrónico: valanza@valanza.legal